dilluns, 8 de gener del 2007

El boicot als productes catalans des de els organismes de l'Estat

Interpelación al Senado acerca del envío de mails en favor del boicot contra los productos catalanes y la respuesta al respecto. En resumen, se limita a advertir a los funcionarios que no deben hacerlo pero no inicia acciones sancionadoras hacia los responsables.

Así defiende España nuestra economía.

684/026303

El anuncio de la presentación de la referida pregunta fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Senado, Serie I, número 373, 16 de diciembre de 2005.
A la Mesa del Senado Jaume Bosch i Mestres, Senador por la Comunidad Autónoma de Catalunya, perteneciente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta al Gobierno la siguiente pregunta, para la que desea obtener respuesta escrita.
Diversos ciudadanos se han puesto en contacto con ICV denunciando que han recibido un e-mail, con fecha 25 de noviembre, con el título de «Pásalo».En él, se denuncia que los catalanes «están tomando el control de las mejores empresas del país», «desmiembran el Archivo de Salamanca» y «quieren anexionarse la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia» y se pide el boicot a todos los productos catalanes y «así buen español serás».En la lista de direcciones electrónicas por las que ha pasado o se ha enviado el mensaje aparecen los nombres y direcciones de hasta nueve personas que trabajan en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en concreto, en el Departamento del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y la referencia FOGASA/MTAS @ FOGASA.
¿Cuál es la posición del Ejecutivo en relación al hecho que desde dependencias oficiales y en horario de trabajo se envíen estos mensajes y qué medidas prevé adoptar para impedirlo? Diversos ciutadans sÆhan posat en contacte amb ICV denunciant el fet que han rebut un email, amb data 25 de novembre, sota el títol de «Pásalo», en el que, desprès de denunciar que els catalans «están tomando el control de las mejores empresas del país», «desmiembran el Archivo de Salamanca» i «quieren anexionarse la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia» es demana el boicot a tots els productes catalans i «así buen español serás».En el llistat dÆadreces electròniques per les que ha passat o sÆha enviat el missatge apareixen els noms i adreces de fins a 9 persones que treballen al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i, en concret al Departament del Fondo de Garantía Salaria (FOGASA) i la referència FOGASA/MTAS @ FOGASA.
Quina és la posició de lÆExecutiu en relació al fet que, des de dependències oficials i en horari de feina, sÆ enviïn aquests i missatges i quines mesures preveu adoptar per impedir-ho? Palacio del Senado, 30 de noviembre de 2005.--Jaume Bosch i Mestres.


RESPUESTA DEL GOBIERNO (684) Pregunta escrita Senado.
684/026303.
AUTOR: Bosch i Mestres, Jaume (GECP).
Respuesta:
Con ocasión de la información señalada en la iniciativa de referencia, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales procedió a ordenar el inicio de una investigación, a consecuencia de la cual se iniciaron por parte de la Inspección General de Servicios del Departamento las actuaciones de información pertinentes y, a la fecha actual, se puede decir que se ha iniciado un expediente disciplinario a los funcionarios del FOGASA implicados en estos hechos.Igualmente, por parte del FOGASA, se envió una notificación informática a todos los usuarios el 30 de noviembre de 2005, a las 13,37 horas, con el siguiente contenido:
«Se recuerda que la dirección de correo electrónico de los usuarios de FOGASA es proporcionada por el Organismo para el cumplimiento de las funciones que cada uno de los usuarios tiene encomendadas, teniendo la misma carácter oficial.
Por tanto, se ruega a todos los usuarios que se abstengan del uso de la dirección de correo electrónico proporcionada por el Organismo para asuntos que no estén directamente relacionados con el cumplimiento de sus funciones.Asimismo, se recuerda que la responsabilidad del mal uso o del uso indebido de la dirección de correo electrónico es personal, de cada uno de los usuarios, quedando registrados los datos de envío y recepción de correos electrónicos.» Madrid, 14 de febrero de 2006.

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En poques paraules, l'Estat no pensa fer res contra aquests funcionaris, només els recorda la normativa però no en pren cap acció sancionadora.